¿POR QUE CAMBIAR LO QUE FUNCIONA BIEN?: A propósito de la iniciativa para fusionar a los organismos reguladores
Recientemente el Poder Ejecutivo remitió al Congreso de la República el proyecto de ley N° 7752/2023-PE de delegación de facultades legislativas para legislar en el plazo de 90 días en una serie de temas económicos y de seguridad ciudadana. En el ámbito económico se busca, entre otros aspectos, emitir decretos legislativos en materia de fortalecimiento, simplificación y calidad regulatoria para la inversión pública, privada y público-privada, así como gestión de servicios públicos.
En este marco ha trascendido la iniciativa del Ejecutivo de reformar la Ley N° 27332, Ley Marco de Organismos Reguladores, buscando la integración de los mismos. Es decir, se persigue unificar a OSIPTEL, OSINERGMIN, SUNASS y OSITRAN en un solo organismo regulador “para coadyuvar a la coherencia”.
La iniciativa se sustentaría en recomendaciones de la OCDE quien ha planteado mejoras en la función de los organismos reguladores, habiéndose señalado que desde el año 2014 se planteó la importancia de tener un organismo regulador multisectorial. Este planteamiento es una cirugía mayor al actual esquema de organismos regulatorios, que debería tener un amplio debate para evitar que el remedio sea peor que la enfermedad.
Uno de los aspectos más importantes de las reformas de los años 90 fue el esquema regulatorio para permitir la inversión privada en servicios públicos, lo que implicó la instauración de organismos especializados en materias como telecomunicaciones, infraestructura de transporte, energía, entre otros. Desde entonces las reguladoras han cumplido un importante servicio al país permitiendo la inversión privada en sectores claves para el desarrollo.
Las reguladoras están a cargo de temas que requieren competencias técnicas muy sofisticadas. Estos organismos, con sus desafíos y dificultades naturales, han adquirido en estos años importantes capacidades en campos especializados que suelen ser bastante complejos como el tratamiento regulatorio del gas o el mercado de la energía en la generación, transporte y distribución; de igual modo, en el complejo marco regulatorio del transporte o el de las telecomunicaciones. Todos ámbitos que requieren de una administración preparada para que los sectores regulados funcionen de forma asertiva. Si el Perú quiere competir en el concierto internacional, debe contar con entidades públicas que tengan el conocimiento y las capacidades suficientes.
Un regulador vela fundamentalmente por tres aspectos en donde se puede apreciar su dimensión e importancia: i) la competitividad del sector regulado; ii) la calidad y control de los servicios incluida la potestad sancionadora; y, iii) los derechos de los usuarios. Requieren operar desde una base técnica y con autonomía sectorial, razón por la cual las reguladoras están bajo el paraguas de la Presidencia del Consejo de Ministros, quien precisamente debe garantizar esa autonomía mediante una serie de llaves de seguridad como la selección meritocrática de sus consejos directivos y el respeto a sus decisiones técnicas, aunque implique divergencias con los sectores regulados.
Se debe destacar que las reguladoras han cumplido un papel fundamental en estas últimas décadas afianzando la participación privada en servicios públicos, logrando que éstos sean provisionados a la población en mejores condiciones, fomentando la competencia y la inversión privada.
En ese sentido, ¿vale plantear una fusión como la que estaría planteando el Poder Ejecutivo? Creemos que los desafíos que plantea la OCDE para mejores diseños de coordinación y coherencia regulatoria, pueden efectuarse con una intervención menos intensa, siendo que la PCM puede impulsar una mejor estructura de interacción entre las reguladoras para promover estándares de funcionamiento eficaz y eficiente, así como promover una mejor calidad regulatoria. que impulse la competitividad y vele por la calidad de los servicios.
Área de Derecho Público BVU
Recientemente el Poder Ejecutivo remitió al Congreso de la República el proyecto de ley N° 7752/2023-PE de delegación de facultades legislativas para legislar en el plazo de 90 días en una serie de temas económicos y de seguridad ciudadana. En el ámbito económico se busca, entre otros aspectos, emitir decretos legislativos en materia de fortalecimiento, simplificación y calidad regulatoria para la inversión pública, privada y público-privada, así como gestión de servicios públicos.
En este marco ha trascendido la iniciativa del Ejecutivo de reformar la Ley N° 27332, Ley Marco de Organismos Reguladores, buscando la integración de los mismos. Es decir, se persigue unificar a OSIPTEL, OSINERGMIN, SUNASS y OSITRAN en un solo organismo regulador “para coadyuvar a la coherencia”.
La iniciativa se sustentaría en recomendaciones de la OCDE quien ha planteado mejoras en la función de los organismos reguladores, habiéndose señalado que desde el año 2014 se planteó la importancia de tener un organismo regulador multisectorial. Este planteamiento es una cirugía mayor al actual esquema de organismos regulatorios, que debería tener un amplio debate para evitar que el remedio sea peor que la enfermedad.
Uno de los aspectos más importantes de las reformas de los años 90 fue el esquema regulatorio para permitir la inversión privada en servicios públicos, lo que implicó la instauración de organismos especializados en materias como telecomunicaciones, infraestructura de transporte, energía, entre otros. Desde entonces las reguladoras han cumplido un importante servicio al país permitiendo la inversión privada en sectores claves para el desarrollo.
Las reguladoras están a cargo de temas que requieren competencias técnicas muy sofisticadas. Estos organismos, con sus desafíos y dificultades naturales, han adquirido en estos años importantes capacidades en campos especializados que suelen ser bastante complejos como el tratamiento regulatorio del gas o el mercado de la energía en la generación, transporte y distribución; de igual modo, en el complejo marco regulatorio del transporte o el de las telecomunicaciones. Todos ámbitos que requieren de una administración preparada para que los sectores regulados funcionen de forma asertiva. Si el Perú quiere competir en el concierto internacional, debe contar con entidades públicas que tengan el conocimiento y las capacidades suficientes.
Un regulador vela fundamentalmente por tres aspectos en donde se puede apreciar su dimensión e importancia: i) la competitividad del sector regulado; ii) la calidad y control de los servicios incluida la potestad sancionadora; y, iii) los derechos de los usuarios. Requieren operar desde una base técnica y con autonomía sectorial, razón por la cual las reguladoras están bajo el paraguas de la Presidencia del Consejo de Ministros, quien precisamente debe garantizar esa autonomía mediante una serie de llaves de seguridad como la selección meritocrática de sus consejos directivos y el respeto a sus decisiones técnicas, aunque implique divergencias con los sectores regulados.
Se debe destacar que las reguladoras han cumplido un papel fundamental en estas últimas décadas afianzando la participación privada en servicios públicos, logrando que éstos sean provisionados a la población en mejores condiciones, fomentando la competencia y la inversión privada.
En ese sentido, ¿vale plantear una fusión como la que estaría planteando el Poder Ejecutivo? Creemos que los desafíos que plantea la OCDE para mejores diseños de coordinación y coherencia regulatoria, pueden efectuarse con una intervención menos intensa, siendo que la PCM puede impulsar una mejor estructura de interacción entre las reguladoras para promover estándares de funcionamiento eficaz y eficiente, así como promover una mejor calidad regulatoria. que impulse la competitividad y vele por la calidad de los servicios.
Área de Derecho Público BVU