Nuestro marco normativo vigente, permite el desarrollo de dicho tipo de infraestructura a través de proyectos de Asociaciones Público-Privadas (APP) y bajo la modalidad de “Obras por Impuestos” (OxI). En relación a ello, en octubre de 2025, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publicó el documento denominado “Del riesgo a la confiabilidad: servicios de infraestructura resiliente para enfrentar los desafíos de la naturaleza”. En esta publicación, el BID aborda la resiliencia en los sectores de energía, transporte, agua y saneamiento. En abril de este año, el BID organizó el evento “Resilient Infrastructure Services in Latin America and the Caribbean: From Theory to Practice”, en el cual se expusieron los resultados de las investigaciones realizadas por el BID en relación al desarrollo de “Infraestructura Resiliente” en Latinoamérica.
A continuación, encontrarán unas breves notas en relación a la investigación y diagnóstico realizados por el BID sobre dicho tipo de necesaria infraestructura:
¿Qué es la “Infraestructura Resiliente”?
Los sistemas de infraestructura en Latinoamérica son cada vez más vulnerables a la variabilidad climática y los desastres naturales. Según el BID, la resiliencia no significa indestructibilidad. La “Infraestructura Resiliente” es capaz de prevenir, absorber, recuperarse y adaptarse con rapidez frente a perturbaciones como desastres naturales, variaciones climáticas u otros eventos disruptivos. Incluso, señala la Entidad, cuando las cosas no funcionan como deberían, sigue cumpliendo su función esencial y prestando servicios de calidad. No solo se recupera: aprende, se adapta y mejora su capacidad para enfrentar desafíos futuros. La combinación de una baja inversión, el envejecimiento de la infraestructura, la rápida urbanización y las exigencias del crecimiento y el desarrollo ha creado una coyuntura crítica. La necesidad de invertir no solo más, sino mejor, no es una alternativa, sino una necesidad.
La “Infraestructura Resiliente” genera importantes ahorros al evitar reconstrucciones costosas e interrupciones del servicio en el futuro. Como estos beneficios favorecen especialmente a los hogares de menores ingresos, planificar y construir “Infraestructura Resiliente” no es solo un objetivo técnico o económico, sino también una condición necesaria para promover la equidad y la prosperidad compartida.
Los riesgos (climáticos y geofísicos) que afectan a los sistemas de infraestructura.
Las variaciones climáticas, los fenómenos meteorológicos extremos y otros desastres naturales plantean un desafío para los sistemas de infraestructura en Latinoamérica. El BID distingue entre riesgos, incidencia e impacto, haciendo hincapié en que la transformación de un riesgo en un desastre no es inevitable, sino que depende de la resiliencia de la infraestructura y de la capacidad de las instituciones. El BID centra su atención en el efecto de tres tipos de fenómenos:
- Los cambios en las condiciones climáticas generales (aumento de temperaturas o cambios en los patrones de precipitación).
- La mayor frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos.
- La incidencia de otros desastres naturales.
El BID sostiene que el cambio climático también afecta a la prestación de servicios de infraestructura al menos de dos maneras. En primer lugar, los cambios meteorológicos y la disponibilidad de recursos naturales influyen en las condiciones generales en las que los operadores y las empresas de servicios públicos pueden prestar sus servicios, reduciendo la disponibilidad y la calidad de los recursos o aumentando los costos operativos. En segundo lugar, los fenómenos meteorológicos extremos pueden destruir o dañar los activos físicos necesarios para prestar los servicios, lo que provoca interrupciones en el suministro. A esto se suman los efectos de los desastres naturales no relacionados con el clima, que también destruyen o dañan los activos de infraestructura e interrumpen la prestación de servicios.
Para que una amenaza se convierta en un desastre, debe destruir capital físico y humano. La incidencia de los desastres depende de su capacidad para enfrentarlos, lo que hace que sus impactos sean endógenos al desarrollo económico, incluida la calidad y la resiliencia de su infraestructura. En Latinoamérica, estas amenazas se suelen convertir en desastres que interrumpen tanto la demanda como la provisión de servicios esenciales, con efectos en cadena en los hogares, las empresas y el desempeño macroeconómico. Los sistemas de infraestructura se ven afectados de manera constante por los cambios graduales en las condiciones climáticas – incluido el aumento de las temperaturas y del nivel del mar, así como las variaciones en los patrones de precipitación –, que transforman tanto la demanda como la provisión de los servicios de infraestructura.
Las vulnerabilidades ante dichos eventos no se distribuyen de manera uniforme. Según el BID, las principales determinantes de la vulnerabilidad al cambio climático y a los desastres naturales pueden calificarse en tres categorías: (i) Características geográficas, (ii) características económicas, y (iii) características del sistema.
La exposición geográfica, la estructura económica, la calidad y la redundancia de los sistemas de infraestructura determinan los perfiles de riesgo, siendo las áreas de bajos ingresos quienes se enfrentan a retos especialmente graves. La redundancia constituye un elemento o componente crucial de los sistemas de infraestructura que aumentan la resiliencia. La redundancia se refiere a la duplicación intencional de componentes o funciones críticas de un sistema para garantizar la continuidad del servicio en caso de que uno de los elementos falle. Por ejemplo, en el sector del transporte, la redundancia en la movilidad interurbana implica ofrecer múltiples opciones de transporte – carretera, ferrocarril, vías fluviales y transporte aéreo – de modo que las personas puedan desplazarse incluso si uno de estos modos queda inhabilitado. La redundancia en el sistema es clave para restablecer el acceso al servicio de infraestructura lo antes posible tras un desastre natural. Sin embargo, las limitaciones de recursos y las deficiencias institucionales y de planificación dan lugar a una baja redundancia en el sistema de infraestructura.
Herramientas (técnicas y políticas) que contribuyen a la resiliencia.
Dado los efectos calamitosos del cambio climático y de los desastres, existe una necesidad urgente de aumentar la resiliencia de los servicios de infraestructura ante los cambios en la demanda y las amenazas de interrupción del servicio. El diseño de políticas de infraestructura eficaces requiere un diagnóstico exhaustivo de los efectos del cambio climático y de los desastres naturales sobre la infraestructura, así como una mejor comprensión de los factores determinantes de la vulnerabilidad.
Las políticas de adaptación eficaces deben abordar tanto el lado de la oferta como el de la demanda de los servicios de infraestructura:
- Por el lado de la demanda, no hay lugar para el derroche. Los patrones de consumo e inversión deben priorizar la eficiencia y la conservación de los recursos y apoyarse en instrumentos como políticas de fijación de precios o campañas de sensibilización. Las políticas del lado de la demanda también protegen a los usuarios, por ejemplo, mediante sistemas de alerta temprana que ayudan a reducir el impacto de los desastres sobre la población.
- Por el lado de la oferta, los proveedores deben garantizar que los sistemas de infraestructura se planifiquen, construyan y mantengan para funcionar en situaciones de estrés que van desde cambios en los patrones climáticos hasta fenómenos cada vez más frecuentes y graves. Para lograrlo, se requieren marcos normativos sólidos que incluyan la planificación en condiciones de incertidumbre, normas de diseño resilientes, códigos de construcción que consideren los fenómenos climáticos, una regulación de los servicios públicos basada en el riesgo y mecanismos contractuales que garanticen el mantenimiento y la continuidad del servicio. Abordar ambas dimensiones es fundamental para construir infraestructura resiliente: sistemas capaces de minimizar las interrupciones del servicio y, al mismo tiempo, de proteger a la sociedad y la actividad económica de distintos choques.
Asimismo, el BID sostiene que es necesario contar con marcos solidos de evaluación y priorización de riesgos, como las evaluaciones de criticidad y de vulnerabilidad, así como la toma de decisiones en condiciones de profunda incertidumbre.
La resiliencia no solo consiste en reforzar los activos físicos, sino también en replantearse como se planifica, se construye, se opera y se mantiene la infraestructura: pasar de centrarse en los activos individuales a centrarse en garantizar la continuidad de los servicios a nivel de red. La diversificación, la descentralización y la redundancia en las redes de infraestructura son fundamentales para la resiliencia, mientras que las soluciones basadas en la naturaleza, que aprovechan los servicios ecosistémicos para reducir riesgos, están ganando popularidad. La adaptación desde el lado de la demanda, incluidos los sistemas de alerta temprana, las intervenciones basadas en el comportamiento y la fijación dinámica de precios, es una herramienta poco utilizada pero prometedora.
Por último, los marcos normativos e institucionales deben diseñarse para facilitar la innovación, la flexibilidad y la coordinación intersectorial, reconociendo las interdependencias entre los sectores de infraestructura.
En este contexto, la planificación resulta fundamental para integrar la resiliencia en todos los proyectos de infraestructura, ya que permite identificar riesgos y vulnerabilidades, así como priorizar las inversiones y acciones necesarias para asegurar la continuidad de los servicios esenciales en situaciones de estrés.
Dimensión financiera de la “Infraestructura Resiliente”.
La inversión en infraestructura se refiere al gasto de capital destinado a la construcción, rehabilitación y/o mantenimiento de los activos de infraestructura. El BID distingue entre fondeo y financiamiento. El financiamiento se refiere a los recursos pecuniarios necesarios para realizar las inversiones. Dichos recursos pueden provenir de fondos propios del desarrollador del proyecto (capital) o de préstamos del mercado financiero (deuda). En cualquier caso, el proceso de financiación implica una obligación de reembolso futuro. El fondeo, por su parte, determina como se reembolsa dicho financiamiento. Es la fuente de dinero que se utiliza, en última instancia, para pagar la inversión. Las fuentes de fondeo de los proyectos de infraestructura pueden provenir de los usuarios de los servicios prestados por la infraestructura, normalmente a través de tarifas o peajes a los usuarios, o a través de transferencias gubernamentales con cargo al presupuesto público. Los recursos públicos, a su vez, pueden obtenerse mediante gravámenes asociados, en mayor o menor medida, a los proyectos que se financian, o de cualquier otra fuente general de ingresos públicos. Así pues, aunque el fondeo y el financiamiento son, sin duda, diferentes, ambos son piezas del rompecabezas.
Asimismo, el BID sostiene que existen múltiples mecanismos de fondeo para proyectos de infraestructura, dependiendo de las características del proyecto. Sin embargo, es importante destacar que la fuente de fondeo de los proyectos es lo que permite materializar la financiación. Esto es particularmente relevante en el caso de la “Infraestructura Resiliente”. La “Infraestructura Resiliente” se diferencia de la convencional en que está diseñada específicamente para resistir, adaptarse y recuperarse rápidamente ante perturbaciones como huracanes, inundaciones, marejadas ciclónicas, terremotos y otros desastres relacionados con el clima. El desarrollo de una “Infraestructura Resiliente” puede requerir una inversión inicial mayor que la de las infraestructuras convencionales, por ejemplo, en la creación de redundancias para garantizar la continuidad de los sistemas y los servicios, así como la flexibilidad para adaptarse a circunstancias cambiantes e inesperadas. Los mayores costos de construcción de una “Infraestructura Resiliente” reportan beneficios a largo plazo en materia de mitigación de riesgos que pueden ser difíciles de cuantificar monetariamente, lo que plantea retos de financiación que requieren mecanismos de fondeo innovadores e instrumentos financieros a la medida
El panorama del financiamiento sostenible está evolucionando y comprende bonos de infraestructura verde, bonos de infraestructura social y bonos de infraestructura vinculados a la sostenibilidad, así como fi nanciación combinada y fondos de adaptación climática. Mientras que estos instrumentos están ampliando el capital disponible, la falta de definiciones estandarizadas, la limitada cartera de proyectos resilientes bancables y las persistentes barreras regulatorias e institucionales reducen su impacto. Se necesitan entornos propicios sólidos – marcos normativos, mecanismos de preparación de proyectos e instrumentos de mitigación de riesgos – para atraer y mantener inversiones a gran escala.
