Proyecto de Ley No. 10399/2024-CR: Ley que prohíbe contratos de concesión o renovación a empresas que mantienen controversia judicial y/o arbitral en contra del Estado Peruano.

Específicamente, como parte de la propuesta normativa, se señala que el Proyecto tendrá como finalidad lo siguiente:

Artículo 2. Finalidad de la ley

El Estado peruano promueve la inversión privada nacional y extranjera protegiendo en todo momento el erario nacional pero no puede verse perjudicado por aquellas empresas a las que el estado ha otorgado activos o servicios en concesión, licencias, autorizaciones, permisos, servidumbres y otros que se requieran para la utilización de recursos naturales; por lo que se prohíbe la contratación o renovación de contratos de concesión de obras de infraestructura y/o de servicios públicos a favor de empresas que han demandado al Estado peruano en sede nacional o extranjera.”

Artículo 3. Prohibición para ser concesionarios del Estado

Los consorcios o empresas consorciadas, nacionales y/o extranjeras, que mantengan procesos judiciales y/o arbitrales en sede nacional y/o internacional en contra del Estado peruano, quedan prohibidas de contratar y/o renovar todo tipo de contratos de concesión pública en calidad de concesionarias.” 

En primer lugar, el texto expreso de esta propuesta normativa implica una contravención directa a lo dispuesto en:

• La Constitución Política del Perú (específicamente en el artículo 2, inciso 2; artículo 63 y artículo 139, incisos 3 y 14).
• El Decreto Legislativo 1362 – “Decreto Legislativo que regula la Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos”, cuyo Texto Único Ordenado se aprobó mediante Decreto Supremo 195-2023-EF (en el artículo 3, que declara de interés nacional la promoción de la inversión privada mediante Asociaciones Público Privadas; y al Principio de Competencia, reconocido en el inciso 1) del numeral 4.1 del artículo 4).

De otro lado, en la Exposición de Motivos del Proyecto se aprecia que – como parte del sustento de la prohibición propuesta – se realiza una evaluación  sobre los títulos habilitantes que otorga el estado en materia forestal y de fauna silvestre, de energía (electricidad, transporte y distribución de gas natural) y minería; sin que ello recoja un análisis sobre la necesidad de establecer una prohibición en materia de contratación y/o renovación de contratos de concesión (Asociaciones Público Privadas).

Finalmente, es importante recalcar que el Proyecto no guarda una consistencia con la línea de fomento de la inversión privada y de reactivación económica que persigue el Ministerio de Economía y Finanzas, entidad que ha anunciado un primer paquete de medidas desreguladoras, que se presentará el lunes 31 de marzo. Entre otras medidas, se pretende acelerar la implementación de la Ley 32069 – “Ley General de Contrataciones Públicas”, ordenar la permisología, mejorar los marcos normativos de las Asociaciones Público Privadas y del mecanismo de “Obras por Impuestos”